El caso del complot imposible

Las personas arrestadas en las Cuencas en 1933, tras el robo de los archivos de la Unión de Amigos de la Unión Soviética en Madrid

Serían las once de la mañana del día 14 de julio de 1933, cuando tres pistoleros penetraron en la flamante sede que la Unión de Amigos de la Unión Soviética tenía abierta en avenida de Eduardo Dato de Madrid, y tras encañonar al catedrático Wenceslao Roces y a su ayudante, que se encontraban trabajando en la oficina, procedieron a destruir sus archivos llevándose los ficheros de las organizaciones provinciales y locales de la organización, que había sido legalizada dos meses antes. Luego, tras atar a los dos hombres, los asaltantes colocaron en la pared una circular firmada por las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista y se fueron.

Poco después, entre el 19 y el 22 de julio, se produjeron en toda España más de 3.000 arrestos bajo la acusación de estar implicados en un complot para acabar con la República.

Hay quien vio esta actuación policial como un medio expeditivo para conocer hasta dónde llegaba la implantación del fascismo que se extendía rápidamente por toda España y la verdad es que puede ser la única explicación a la gran redada, que se cuenta como uno de los patinazos inexplicables del Gobierno en aquellos años difíciles, pero el argumento se complica cuando sabemos que entre los arrestados había derechistas de toda idea y condición, incluyendo falangistas, monárquicos y carlistas, y junto a ellos conocidos militantes del anarcosindicalismo.

Así, como lo están leyendo. Un complot en el participaban en comandita los dos extremos, que por razones muy diferentes se oponían a que el régimen republicano pudiese echar raíces sólidas en el país.

Lo cierto es que este hecho histórico tuvo una secuela en la Montaña Central y por eso lo recordamos en esta página donde poco a poco tratamos de reconstruir ese pasado que todavía guarda muchos secretos, porque aquí, el día 25 de julio, fueron detenidos en la cuenca del Nalón una veintena de hombres entre los que se encontraban los dos corresponsales en Sama y La Felguera del diario "Región", preferido por los lectores conservadores, y a su lado varios obreros significados por su afiliación a la Confederación Nacional del Trabajo.

Tres días más tarde, la mayor parte ya fueron puestos en libertad sin cargos y como "Región" atribuyó en un principio la acción policial a un comentario que se había publicado sobre lo que estaba sucediendo con el complot, la noticia fue recogida con detalle y ahora podemos conocer la mitad de estos nombres -los de derechas-, aunque no los de los libertarios que los acompañaron. Veamos la reseña que se publicó en portada aquel viernes 28 de julio:

"Seis de los detenidos de Sama y La Felguera en libertad. Continúan sin conocer el motivo de la detención. A las once de la noche de ayer fueron puestos en libertad seis de los detenidos en Sama y La Felguera. Son los siguientes: don Luis Miravalles, don Sebastián Sánchez, don Eladio Rodríguez Morilla, don José Manuel Llaneza, don José Antonio López García y don Alfredo Junquera, los cuales se hallaban muy agradecidos por las muchas atenciones que han recibido en la Cárcel Modelo, habiendo sido muy visitados por crecido número de personas. También fueron puestos en libertad seis sindicalistas.

De los detenidos en Sama aún continúan en la cárcel don Antonio Salazar, don José Álvarez Blanco, don Mariano Blanco Fernández, don Francisco Fernández González, don Ignacio Barros y don Juan Román Salinas. Ni a unos ni a otros se les ha tomado declaración y continúan sin saber a qué obedecen las detenciones".

Luego seguían dos breves párrafos en los que se anunciaba que la brigada social también acababa de retener al joven Avelino González Canga mientras se registraba su casa sin ningún resultado y que la Juventud Católica de Turón había enviado al gobernador un telegrama protestando enérgicamente por la detención de sus colegas felguerinos, firmado por César Gómez, Pablo Martínez, José Gómez y José Muñiz.

Álvarez Blanco, el corresponsal, volvió a su casa el día 30 y poco después fueron saliendo sus compañeros, pero nunca se supo de qué se les acusó ni qué se buscaba en los registros, ni nosotros lo sabemos ahora.

Esto sucedió en nuestra casa, pero en el resto del país todo sucedió más o menos igual y si comparamos las informaciones de distintas provincias no encontramos más que un cambalache absurdo en el que se mezclan las detenciones y los registros más dispares. En Sevilla se clausuró el semanario tradicionalista "El Observador" junto a tres ateneos libertarios y cinco centros afectos a la CNT mientras por toda Andalucía se sucedieron arrestos tan pintorescos como los del canónigo del Sacro Monte, el superior de los jesuitas de Cádiz, curas párrocos, abogados, militares, catedráticos derechistas, el director del "Diario de Jerez" y numerosos sindicalistas.

Incluso en Málaga un concejal comunista arremetió contra todo y contra todos considerando que las detenciones eran la evidencia de que había escuadras fascistas socavando las corporaciones, desconociendo que en Valencia habían sido detenidas treinta personas, entre las cuales iban codo con codo el marqués de Torrefranca, el barón de Cárcel, el hijo del jefe provincial de los tradicionalistas de la región, el marqués de Laconi y varios obreros que para complicar aún más la cosa se declararon no anarquistas, sino comunistas, como el mismo edil malagueño.

Al contrario, en Galicia, con más tino, la Federación local de Sindicatos Únicos de Vigo, se negó a convocar ninguna protesta para no caer en la trampa que evidente alguien estaba poniendo para "distraer la opinión ante el caos y la desorientación política, económica y social que domina en las alturas".

La lista fue tan disparatada y extensa que cuesta detenerse en alguna provincia. Por ejemplo, en Zaragoza se clausuraron al mismo tiempo la Agrupación al Servicio de España, el Círculo Tradicionalista, nueve centros sindicalistas y hasta el Sindicato Único de Calatorao; en Valladolid pasó a prisión, junto a un grupo de falangistas el anarquista Pedro Orobón, que entonces era miembro del secretariado de la Asociación Internacional del Trabajo (AIT) y al que se le ocupó una pistola y en Bilbao también fueron encarcelados a la vez carlistas y libertarios.

En fin, durante una semana se violaron impunemente los derechos más elementales de los ciudadanos, haciendo crecer la sensación de que se había impuesto el desgobierno y si algún dirigente se levantaba con el pie izquierdo podía ordenar impunemente cualquier tropelía. Lo más grave fue que quienes pensaban esto estaban en lo cierto, porque nunca se dieron explicaciones, ni se exigieron responsabilidades y el daño a las instituciones republicanas fue irreparable.

Cuando todo pasó, el ministro de Gobernación, el galleguista Santiago Casares Quiroga sufrió uno de los peores momentos de su vida política y tuvo que dar la cara en una tímida y vergonzosa intervención haciendo bailar unos demonios imposibles. Habló de reuniones sospechosas, de movimientos extremistas "en proyecto", mezcló el fascismo con el sindicalismo y concluyó quitando importancia a lo sucedido.

En Asturias, "Región" aprovechando el río revuelto se colgó la medalla de que la persecución que habían sufrido sus corresponsales era debida a la campaña que estos venían haciendo contra la "desastrosa gestión administrativa" del Ayuntamiento de Langreo mientras los demás detenidos formaban parte de una tapadera para encubrir lo que no había sido más que una venganza personal ordenada por su Alcalde. Fue lo que hubo y así se lo cuento.

Texto de Ernesto Burgos para El Comercio